La irresponsabilidad ambiental de la empresa SANA y la omisión sistemática de las autoridades han colocado al borde del colapso al acuífero que abastece de agua potable a más de un millón de personas en Yucatán. Pese a estar formalmente clausurado por la PROFEPA, el Basurero Municipal de Kanasín siguió operando en la ilegalidad, contaminando suelo, aire y subsuelo con la complacencia de los tres niveles de gobierno.
La gravedad del caso obligó al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito a intervenir, otorgando una suspensión provisional tras el amparo promovido por habitantes de la zona (expediente 2697/2025-V-A), al considerar que el basurero representa un riesgo real, inmediato y directo al sistema hídrico de la Zona Metropolitana de Mérida, donde vive más de un millón de personas.
Un basurero ilegal sobre el agua que bebemos
El Tribunal fue contundente: el sitio operado por SANA funcionó fuera de la ley, violando de forma sistemática la NOM-083-SEMARNAT-2003, sin geomembranas, sin control de lixiviados, sin drenaje pluvial y sin monitoreo del acuífero.
En Yucatán, donde el suelo kárstico permite que los contaminantes viajen rápidamente al subsuelo, estas omisiones no son errores menores, sino una amenaza directa a la vida y a la salud pública.
“El interés social y público está en la protección de los acuíferos subterráneos”, sentenció el Tribunal, dejando claro que el daño podría ser irreversible.
Zona ecológica sacrificada por intereses económicos
El basurero se localiza a menos de dos kilómetros del Anillo de Cenotes, Área Natural Protegida y principal zona de recarga del acuífero, y colinda con la Reserva Ecológica Cuxtal. Aun así, las autoridades permitieron que operara más de cinco años sin permisos ambientales vigentes.
La pregunta es inevitable: ¿quién autorizó que un basurero ilegal funcionara sobre el sistema de agua más importante del estado?
Clausura simulada y operación clandestina
La PROFEPA clausuró el sitio en octubre de 2025, tras detectar violaciones graves: basura sin cubrir, fauna nociva, dispersión de residuos y filtración de lixiviados al manto freático. Sin embargo, la clausura fue letra muerta.
Videos recientes muestran camiones recolectores entrando libremente, incluidos los de la propia empresa SANA. Los sellos oficiales fueron violados, el acceso quedó abierto y la operación continuó, en un desafío abierto a la autoridad ambiental.
Toneladas de basura, cero responsabilidad
Kanasín genera entre 137 y 188 toneladas de residuos diarios, basura producida por más de 170 mil habitantes. El relleno no solo recibía desechos locales, sino que operaba como centro metropolitano, recibiendo residuos de municipios conurbados a Mérida.
Todo ello sin cumplir la ley y poniendo en riesgo el agua que bebemos.
La salud pública, en último lugar
El expediente judicial también recuerda el incendio de 2022, que liberó dioxinas y partículas tóxicas al aire. Para el Tribunal, este historial confirma una cadena de negligencias donde el derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano fueron sacrificados frente a intereses económicos.
Hartazgo social y exigencia de castigo
Vecinos de Kanasín ya no guardan silencio:
“Ese basurero debió cerrarse hace años. Nos enferma, huele mal y contamina el agua que bebimos y que beberán nuestros hijos. Las autoridades nos dejaron solos”, denunciaron.
Con la suspensión provisional dictada en la queja 1/2026, el Tribunal ordenó hacer efectiva la clausura y obligó al municipio a buscar alternativas legales y ambientalmente seguras.
El mensaje es claro: no hay servicio público que justifique contaminar el agua de más de un millón de personas.
El caso de Kanasín no es solo un problema local: es el retrato de una irresponsabilidad ambiental tolerada, de una empresa que operó fuera de la ley y de autoridades que miraron hacia otro lado, mientras el agua de Yucatán estuvo —y sigue estando— en peligro.
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